Por COMUNA – Comunicadores de la Argentina   ***

El futuro presidente lanza una reforma de la ley de servicios audiovisuales.

Luis Lacalle, el exponente derechista que asumirá la presidencia del Uruguay el primero de marzo, lanzó un borrador de proyecto de ley que, entre muchos otros temas, propone aumentar la concentración del sector audiovisual, pues prevé derogar los límites de acumulación del mercado de la televisión paga y abre al país a la “propiedad cruzada”, en beneficio directo de las empresas más poderosas.

El contenido del proyecto fue criticado integralmente por representantes del Frente Amplio, la fuerza política ahora gobernante, porque además del sector de los servicios audiovisuales interviene en muchos otros, como en la “seguridad” y el ejercicio de derechos políticos propios de la democracia, al contemplar un endurecimiento de medidas represivas y restricciones al derecho de huelga.

Lacalle dio a conocer el borrador de proyecto de ley anticipando la categoría “urgente consideración”, un sistema del parlamento uruguayo para conseguir prioridad en la agenda legislativa y tiempos acotados en el debate.

El Frente Amplio aprobó en el Congreso la Ley 19.307 de Servicios de Comunicación Audiovisual en diciembre de 2014, después de una serie de vaivenes políticos y de idas y vueltas, causadas en su mayor parte por la resistencia de la oposición conservadora -la que ahora tomará el poder- y las empresas del sector, que al igual que la Argentina son muy influyentes en el Poder Judicial.

Por entonces era presidente José “Pepe” Mujica, quien envió el proyecto promovido por franjas del Frente Amplio y pese a que en septiembre de 2010 había dicho que “la mejor ley de prensa es la que no existe”, una declaración muy celebrada por los medios convencionales de toda la región, defensores de los intereses de los sectores conservadores y con una militancia muy activa contra la en ese momento flamante Ley de Servicios Audiovisuales de Argentina, que había sido aprobada en octubre de 2009.

Y así como en la Argentina, las empresas y corporaciones que detentan la mayor parte del sistema mediático obtuvieron de la Justicia medidas provisorias y definitivas que trabaron el cumplimiento de la norma y en algunos casos impidieron, por vía de declaración de inconstitucionalidad, la aplicación de algunos artículos.

La similitud entre la situación de uno y otro país es significativa, al punto que un espacio de comunicación dedicado a la industria del sector, Telesemana, expresó en una nota referida al anuncio del futuro presidente: “El proyecto trae modificaciones directas a la Ley de Medios con la derogación de algunos artículos que estaban frenando la convergencia en el país -salvando las distancias, la medida recuerda a aquellas primeras decisiones que el ex mandatario argentino Mauricio Macri tomó al iniciar su gestión en 2016-”.

Esta es una referencia a una de las primeras medidas del gobierno macrista, en realidad adoptada a fines de diciembre de 2015, cuando se dio a conocer el decreto de necesidad y urgencia 267. En lo central, ese decreto que modificó la Ley 26.522, eliminó los límites a la concentración de emisoras de radio y televisión y de clientes de TV paga, un beneficio directo para el sostén principal que Macri tuvo en la campaña electoral y después en el gobierno, el grupo Clarín.

Telesemana, que entre su material ofrece numerosos artículos sobre productos de la industria telecomunicacional, al modo de lo que en la jerga es conocido como “publinota” (publicidad con formato de nota periodística), dice que la “principal derogación” que impulsa el futuro presidente es para eliminar el límite de 25 por ciento del total de clientes de televisión paga en el país y del 36 por ciento del total de hogares que tengan televisión en territorios donde existan otros operadores, “de menor alcance”.

Es decir, Lacalle quiere poner fin a una disposición netamente antimonopólica, destinada a lograr que en el sector haya más actores, más emisores, más puestos de trabajo, más voces y pluralidad.

También busca autorizar la “propiedad cruzada de licencias” de servicios audiovisuales y telecomunicaciones, ya que la norma vigente hasta ahora lo impide.

Telesemana dice que estas iniciativas “buscan un giro hacia un mercado convergente”, exactamente el argumento que recitaron los funcionarios macristas que en su momento anunciaron el decreto 267, cuando de hecho prometieron el envío al Congreso de un “proyecto de ley de convergencia”, anuncio que no fue cumplido en cuatro años. En tanto, los jerarcas macristas del sector audiovisual, encabezados por Silvana Giudici, una furiosa defensora de los intereses del grupo Clarín, adoptó sucesivas resoluciones favorables al crecimiento de esa empresa y su fusión con Telecom, en una afectación directa a la libertad de expresión y el acceso libre a la pluralidad informativa.

Lacalle quiere reducir también la capacidad de incidencia estatal en beneficio de los privados, al quitarle competencias a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), compañía estatal que interviene en la asignación de frecuencias, en la ubicación de emisoras y, en general, en la infraestructura para la comunicación.

El borrador del futuro gobierno conservador quiere además abrir todavía más el sector a las empresas privadas más poderosas, pues se propone derogar el inciso C del artículo 60 de la ley, que establece que al menos 30 por ciento de la programación de los canales de televisión debe ser realizada por productores independientes.

El proyecto tiene previsiones en otros campos que también fueron criticados severamente por el Frente Amplio, como extensión del concepto de “legítima defensa”, aumento de penas para personas menores de edad, declarar ilegales las manifestaciones que afecten “la libre circulación” y restricciones al derecho de huelga.

Interviene también en el área de la energía, porque quiere que la empresa estatal ANCAP pierda el control que ahora tiene en la “gestión de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados”.

El modelo de proyecto de ley de “urgente consideración” da 40 días a la cámara receptora de la iniciativa, en tanto la que le siga en el tratamiento tendrá 30 días. Si esta segunda cámara modifica el texto recibido, la primera cámara tiene 15 días para pronunciarse sobre los cambios. Y si hay diferencias persistentes, la Asamblea General tiene un plazo de 10 días para resolver. En todos los casos, las aprobaciones se dan por mayoría simple.

Fuentes:


https://ladiaria.com.uy/articulo/2020/1/cambios-en-la-ley-de-medios-habilita-la-acumulacion-de-licencias-para-servicios-de-comunicacion-y-telecomunicacion/

https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/fa-denuncia-retroceso-ley-urgente-consideracion-gobierno-electo.html

https://www.telesemana.com/blog/2020/01/23/uruguay-proximo-gobierno-propone-cambios-en-la-ley-para-fomentar-la-convergencia/

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp3766212.htm

https://www.comunanet.com.ar/wp-content/uploads/2020/01/20191124203106_lacalle_pou_uno_uno-736×490.jpg