La Defensoría del Público que funciona desde 2013, aborda la comunicación en Argentina para la elaboración de guías y recomendaciones, e interviene para que no se vulneren Derechos en ese ámbito específico.


Además, realiza Audiencias Públicas, actividades de promoción de Derechos Humanos y un acompañamiento directo a los medios comunitarios, organizaciones de pueblos originarios, organizaciones no gubernamentales, periodistas, estudiantes, docentes; es decir a las distintas formas organizativas que la comunidad se va dando a lo largo del país.
Desde su creación el Organismo fue fundamental para la visibilización de violencias que antes se naturalizaban, todo ello en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La Defensoría está trabajando en la construcción del Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (NODIO). Y la misma señala: “…es pensado como una línea de trabajo que contará con la participación de plataformas digitales, universidades, comunicadores y comunicadoras, sindicatos, cámaras empresarias, empresas de comunicación y miembros de la sociedad civil. Tiene como objetivo promover la libertad de expresión y el debate democrático”.

Sin embargo en los últimos días la Defensoría del Público, su titular Miriam Lewin y esta iniciativa que señalamos, fueron el centro de una campaña de noticias falsas y estigmatizaciones que surgieron de los medios hegemónicos con descalificaciones y agravios personales e institucionales, lo cual , entre otras cosas, demostró la necesaria puesta en vigencia del Observatorio.

Por todo ello, nos parece imprescindible la profundización de ese camino para garantizar mayor pluralidad de voces en toda la Argentina.

Nuestra solidaridad con las autoridades, comunicadores/as y trabajadoras y trabajadores de la Defensoría; recordando siempre que estos hechos no son aislados ni espontáneos.

Nuestra América Latina está sembrada de acciones desestabilizadoras gestadas desde los medios hegemónicos, grupos económicos y sectores del Poder Judicial para condicionar, limitar y destruir los procesos nacionales y populares y a las herramientas institucionales que los Gobiernos utilizan para garantizar una sociedad más justa e igualitaria.

RED DE COMUNICADORES DEL MERCOSUR

Patria Grande, 16 de Octubre de 2020.-