EL USO DE LA PALABRA

Las mujeres y diversidades necesitan ser protagonistas del ejercicio político más antiguo de la humanidad, la palabra. La que gesta y germina la comunicación entre pares o refuerza los privilegios, la que abraza o golpea, la que nombra o etiqueta, la que conmueve o reprime, la que nos da identidad.

El silencio ha provocado a lo largo de nuestra historia Latinoamericana muchas violencias que no sanan ante la imposibilidad del decir, de poner en palabras los horrores que nos atraviesan. Las mujeres y diversidades saben de eso. El relato de la historia no les pertenecía, hasta que una gran mayoría dijo basta.

En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Red de Comunicadores del Mercosur hace uso de la palabra para sumarse al reclamo de los colectivos de mujeres y diversidades de nuestra Patria Grande para que sus derechos sean respetados. Las que antecedieron las luchas actuales en ese sentido fueron invisibilizadas, sus historias, las de mujeres que se salieron de los mandatos sociales que les imponía el patriarcado, fueron relatadas desde la mirada llena de prejuicios para sujetarlas al rol que no se les pudo imponer en vida.

La violencia patriarcal en sus más diversas formas no tiene fronteras. Haciendo un repaso por algunos países sudamericanos, podemos tomar nota de datos de la realidad que la ejemplifican. La desigualdad en el mundo del trabajo, la violencia política y la ejercida sobre los cuerpos de las identidades femineizadas son solo algunas de las aristas.

Trabajar en casa

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, en México el 71% de las horas dedicadas a las labores de cuidado no remuneradas son realizadas por mujeres y niñas. Por cada hora que aporta un varón a las actividades de cuidado no remunerado, las mujeres aportan casi tres. La carga de trabajo de cuidado no pagado impide que ellas se inserten de manera equitativa en los mercados laborales. De acuerdo con la Encuesta de Ocupación y Empleo, en el tercer trimestre de 2021 se registró que 76 de cada 100 varones eran económicamente activos, mientras que en el caso de las mujeres, 44 de cada 100 están en esta situación.

En Argentina no es muy diferente. Según informes elaborados por el equipo de Ecofemidata en base a la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC), durante el tercer trimestre de 2021, del total de personas que realizan las tareas de la casa, un 72% son mujeres y un 28% varones. Este dato no contempla el trabajo realizado por las trabajadoras de servicio doméstico. También es un factor que contribuye a explicar la menor inserción de las mujeres en el mercado laboral.

Los espacios políticos, espacios desiguales

La huelga general feminista declarada en Chile durante 2018 fue un factor clave en la transformación social de ese país. Esas movilizaciones visibilizaron las luchas de mujeres y disidencias, quienes decidieron ser protagonistas de la Convención Constituyente que se desarrolla actualmente en su país. La convención es encabezada por una mujer de pueblos originarios y el acceso a los derechos sexuales y reproductivos y la legalización del aborto están en la agenda para ser incluidos en la nueva constitución. Aún así, la ocupación de cargos ministeriales por parte de las mujeres sigue siendo desigual, en una relación de 65 a 35% respecto de los varones (datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas), algo que el nuevo presidente electo promete corregir.

La movilización de las mujeres organizadas en Colombia ha logrado por estos días un hito en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y personas gestantes. A través de una demanda del Movimiento Causa Justa, con más de 1.000 casos en los cuales estuvo en riesgo la vida, se evidenció que el delito de aborto es un acto punitivo que va en contra de una vida libre de violencias contra las mujeres. La Corte Constitucional fallo a favor de las mujeres, eliminando del código penal el delito de aborto hasta la semana 24 de gestación en los casos de malformación del feto, abuso sexual y riesgo de vida de la persona gestante. Se reconoce allí que son las mujeres rurales, empobrecidas y de sectores vulnerables las más expuestas frente a esta práctica. También se exhorta al Congreso de la República y al Gobierno, para que en el menor tiempo posible, formulen e implementen una política pública integral.

En Bolivia las mujeres siguen desafiando la violencia política. La Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las mujeres está vigente desde el 2012, sin embargo, no se aplica adecuadamente. En 2021, el Órgano Electoral Plurinacional atendió 185 casos de renuncia de autoridades políticas electas, de los cuales 30 casos fueron derivados al Ministerio Público como denuncias por acoso y violencia política, y los otros 155 han sido renuncias voluntarias. Incluso el asesinato de la concejala Juana Quispe, cometido ese mismo año y que dio origen a la mencionada ley, aún no fue esclarecido. Frente a ésta y otras múltiples violencias, Bolivia viene reflexionando y planteando una mirada despatriarcalizadora y descolonizadora en las políticas públicas y en la sociedad que supere todas las opresiones contra las diversidades y las mujeres.

Según datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, en esta región solo el 32% de los cargos de los máximos tribunales de justicia son ocupados por mujeres, un porcentaje que se reduce a 29% si hablamos de concejalas y a 15% en alcaldías o intendencias. En los parlamentos nacionales la cifra es de 33% y en los ministerios de ese mismo rango del 28%.

Violencia explícita

El Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa) informó que al 27 de febrero de 2022 se habían reportado en Argentina 65 muertes violentas (una cada 21 horas) de mujeres, travestis y trans, en distintos puntos del país. Estas cifras alarmantes parecen ser la continuidad de lo que sucedió en 2021, año en el que se registraron 289 femicidios, con un lamentable promedio de un asesinato cada 30 horas.

La demora judicial y policial para actuar en los casos de violencia de género agrega otro factor. El 20% de las víctimas había denunciado a su agresor y de ese porcentaje el 80% tenía orden de restricción de contacto o perimetral y el 10% un botón antipánico. Además, el 6% de los femicidios fue cometido por personas de las fuerzas de seguridad.

En Uruguay, el abuso sexual contra las mujeres representa el 55% de los crímenes sexuales denunciados en 2021. En lo que va del año se hicieron públicos dos casos de denuncias por violaciones grupales, una efectuada por policías de la Guardia Republicana. Un hecho de similares características ha tomado estado público recientemente en Argentina.

Responsabilidades

Podríamos seguir enumerando datos que den cuenta de esta realidad diversa, que confluye en características similares al hablar de la desigualdad entre identidades femineizadas y varones. Las y los comunicadores tenemos una responsabilidad social en la construcción de los “sentidos comunes” que naturalizan las mismas.

Creemos entonces que es indispensable la formación en perspectiva de género de las y los trabajadores de la comunicación. Sostenemos que es esta una herramienta necesaria, no solo para incluir diversidad de voces y miradas sino también para hacer carne el derecho a la comunicación como un derecho humano fundamental.

Por otra parte, las mujeres y disidencias que acceden a trabajar en la comunicación, en sus más diversas formas, viven en el ámbito laboral la misma violencia que trabajadoras de otros rubros. La generación de herramientas que posibiliten un abordaje integral de estas situaciones se vuelve urgente, no se pueden garantizar derechos si no se puede hacer uso de los propios.

También nos parece oportuno señalar que Argentina es el único país en el mundo que promueve la paridad de género en los medios de comunicación estatales, particularmente en los puestos de toma de decisiones. Esto se logró modificando artículos de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y luego de un arduo debate en que se dieron a conocer informes que ratifican la desigualdad en una relación de 70 a 30% para las mujeres en los puestos de toma de decisión. Sería oportuno que otros países de la región pudieran avanzar en este sentido.

La Red de Comunicadores del Mercosur expresa su compromiso con una comunicación libre de violencias y se suma al paro de mujeres bajo la consigna: “La deuda es con nosotras y nosotres. Que la paguen los que la fugaron”.