A simple vista, el análisis de las principales cláusulas de este acuerdo revela sus efectos catastróficos para la producción nacional. // Por Axel Kicillof y Carlos Bianco para Perfil.

Durante la semana próxima está prevista la conclusión de las negociaciones para la firma de un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), en donde se prevé la liberalización del comercio de bienes y servicios y se incluyen múltiples disciplinas, tales como inversiones, compras públicas y propiedad intelectual. El resultado será verdaderamente catastrófico para la industria nacional. Pero vayamos por partes.

En materia de bienes, se propone una amplia liberalización comercial, reduciendo a cero los aranceles de cerca del 90% de los productos importados desde la UE, tales como automóviles y autopartes, químicos, plásticos, medicamentos, bienes de capital, etcétera. A cambio, se recibirán pequeñas cuotas de un puñado de alimentos que podrán ingresar a la UE con arancel cero, pero sujetos a estrictas regulaciones sanitarias que suelen ser utilizadas como barreras comerciales camufladas. Para muestra, vale un botón: la UE ha ofrecido al Mercosur una cuota de carne de unas 70.000 toneladas anuales. Si dividimos esa cuota por la población de la UE, el ingreso adicional de carne que obtendrán el Mercosur será de unos 138 gramos de carne anual per cápita europea, es decir ¡aproximadamente lo que llevan tres empanadas! Se entrega toda la industria nacional a cambio de una miseria. ¡Tres empanadas!

Además, la UE exige a nuestro país una mayor liberalización del comercio de servicios, aunque Argentina ya es uno de los países más abiertos del mundo a partir de los compromisos asumidos en la OMC. La UE reclama ahora que se liberalicen los sectores que Argentina preservó en aquel momento por considerarlos estratégicos. Uno de los sectores que más interesa a la UE son los servicios de transporte marítimo y fluvial. Este reclamo recuerda al “Acuerdo de Amistad, Comercio y Navegación entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y su Majestad Británica”, firmado en 1825, que sostiene que “los habitantes de los dos países gozarán respectivamente la franqueza de llegar segura y libremente con sus buques y cargas a todos aquellos parajes, puertos y ríos en los dichos territorios”. La situación por aquel entonces -que casi se replica en la actualidad- era que las Provincias Unidas del Río de la Plata no contaban con ninguna embarcación de cargas propia, mientras que su “Majestad Británica” poseía la marina mercante más poderosa del mundo. Con la firma de este acuerdo retrocedemos 200 años. Mientras tanto, el gobierno de Macri vota en el Congreso una ley de promoción de la Marina Mercante argentina, que con esta firma no servirá para nada.

En relación con las inversiones, la entrega es también escandalosa. El acuerdo obligará a la Argentina a ofrecer “trato nacional” a las empresas europeas, al tiempo que se suprimirá la posibilidad de establecer cualquier tipo de “requisito de desempeño” a las transnacionales del viejo continente. Es decir, las empresas europeas deberán ser tratadas como si fuesen empresas nacionales, y podrán hacer en nuestro país lo que quieran, cuando quieran y cómo quieran. Se pierde toda la capacidad regulatoria del Estado sobre las empresas extranjeras.

Respecto de las compras gubernamentales y la obra pública, el acuerdo estipula el acceso a las licitaciones a las empresas europeas a todos los niveles de gobierno, asegurándoles “trato nacional”. Por ejemplo, si un municipio decide hacer una gran compra de papelería, las PyMEs de la zona deberán competir contra grandes empresas europeas. Así, se eliminará toda posibilidad de utilizar el poder de compra del Estado como herramienta para el desarrollo. Estas disposiciones van claramente en contra de la Ley de Compre Nacional recientemente aprobada, cuyas páginas se transformarán en papel higiénico.

En lo que respecta a la propiedad intelectual se establece la extensión de la duración de las patentes de los medicamentos y la protección de los datos de prueba utilizados en los análisis clínicos. De esta forma, se ofrece un período de exclusividad adicional a los grandes laboratorios europeos que poseen las patentes, impidiendo la producción de genéricos por parte de laboratorios nacionales públicos y privados, encareciendo el precio de los medicamentos y reduciendo el acceso a la salud de nuestra población.

Por último, también se eliminarán los regímenes de admisión temporaria, drawback y licencias de importación, de vital importancia para la industria; se flexibilizarán las reglas de origen, lo que conducirá a una inundación de productos elaborados en países de bajísimos salarios pero con la etiqueta del “Made in Europa”; se extinguirá la posibilidad de cobrar derechos a las exportaciones, con los perjuicios que ello tendrá en materia fiscal y de agregado de valor a la producción; y se impedirá que nuestras economías regionales puedan comercializar alimentos (vinos, quesos, frutas, verduras) de similares características a los europeos, que se encontrarán protegidos a través de múltiples y nuevas “indicaciones geográficas”.

En conclusión, desde la llegada de Macri la industria argentina y las PyMEs agonizan, heridas de muerte por la “tormenta perfecta” desatada por las medidas económicas adoptadas: caída de la demanda interna; tarifazo de los servicios públicos; eliminación de los créditos subsidiados; tasas de interés por las nubes; apertura unilateral e indiscriminada a las importaciones. La firma de este acuerdo no será más que el tiro de gracia para la industria argentina. O como prefieren llamarlo los negociadores argentinos: el necesario “anclaje institucional” para las reformas que se están implementando, de modo de evitar a futuro cualquier “locura populista” que pretenda la reindustrialización del país. Lo cierto es que, a simple vista, el análisis de las principales cláusulas de este acuerdo revela sus efectos catastróficos para la industria argentina, las economías regionales y las PyMEs. Es por eso que Macri decidió negociar a escondidas y en secreto.