Por Rodolfo Yanzón   ***

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación sobre el riesgo que corren la democracia y los DDHH a partir del golpe en Honduras en 2009, la destitución del Presidente paraguayo Fernando Lugo en 2012 y de la Presidenta brasileña Dilma Rousseff en 2016; hechos que permitieron la instalación de mecanismos como la judicialización inadecuada de cuestiones políticas, la politización de los sistemas judiciales y la posible corrupción en los distintos poderes de los Estados.

Se dieron a conocer comunicaciones entre el entonces juez brasileño, hoy Ministro de Justicia de Bolsonaro, Sergio Moro, y los fiscales de la operación Lava Jato, quienes las reconocieron como propias. Desde Página 12, Juan Manuel Karg se refiere a la profunda investigación de The Incercept que dejó al desnudo los chats entre el fiscal Deltan Dallagnol y Moro, evidenciando la parcialidad manifiesta contra el dirigente Ignacio Lula Da Silva, cuya prisión permitió a Bolsonaro acceder a la primera magistratura. En esos chats Dallagnol reconoció el carácter endeble del proceso y el temor ante un eventual retorno al gobierno del Partido de los Trabajadores. Karg recuerda que el Comité de DDHH de la ONU pidió que Lula pudiera expresarse públicamente y competir en las elecciones. Como eso no ocurrió, Bolsonaro se llevó puesta la política y Brasil pasó a cumplir un rol aquiescente respecto de los EEUU. Estas divulgaciones, según Karg, deberían alcanzar para cuestionar el proceso, sacar a Moro del gobierno y poner en libertad a Lula. El diario conservador Estadâo pidió la renuncia de Moro, al igual que los colegios de Abogados del Brasil.

Desde Ámbito Financiero, Marcelo Falak aporta otra mirada. Establece las diferencias entre la práctica periodística y la judicial: para la primera basta con que la difusión sea de interés público, mientras que para la segunda su utilidad depende de su origen. Dice que los chats fueron extraídos subrepticiamente por hackers de los teléfonos de los magistrados y se pregunta si esa circunstancia implicaría que en el ámbito judicial sean declarados nulos, sin ningún efecto, y, en tal caso, cuál sería el alcance de ese pronunciamiento. Cita al abogado Lenio Streck para decir que ni Moro ni los fiscales niegan el tenor de las informaciones, pero alegan haber sufrido un hackeo. Si ese fue el origen, su ilicitud no permitiría que sean utilizadas contra los protagonistas, pero podrían servir para anular una condena.

De esos chats se desprenden las dudas de Dallagnol respecto de dos puntos esenciales en la condena que dejó preso a Lula y fuera de las elecciones: que el departamento pertenezca al ex Presidente y que la supuesta coima esté vinculada con negocios de Petrobras con la empresa OAS. El primer punto pareciera haberse despejado completamente a partir de que se autorizara a su titular, Fernando Bittar, a vender el departamento; mientras que el segundo fue resuelto por Moro con una pirueta: el soborno habría sido la contraprestación de un “acto de oficio indeterminado”.

Si bien Falak escribió notas anteriores sobre la debilidad de las acusaciones que pesaban contra Lula, advirtió que existía al menos una responsabilidad política de su parte al dejar hacer para financiar ilegalmente la política con recursos del Estado. Pero judicialmente no alcanza que los medios lo vinculen a posibles delitos. Como alguna vez dijo Lula a Moro: “no me juzgue por noticias, tráigame pruebas”. Falak ha venido insistiendo en el peligro de caer en un populismo judicial poniendo en serio riesgo el principio de la presunción de inocencia y, además, la soberanía popular. A juzgar por las elecciones pasadas en el Brasil, su temor era fundado.

Para arribar a la condena contra Lula, Moro se apoyó insistentemente en la delación premiada del titular de la empresa OAS, Leo Pinheiro a quien no se le homologó su confesión -que le permitía reducir sensiblemente su condena- hasta que apuntó directamente a Lula. (En el Brasil también se usó desmedida y arbitrariamente la prisión preventiva para extorsionar a posibles “arrepentidos”).

En septiembre de 2017 Sergio Moro vino a la Argentina invitado a participar en conferencias organizadas en el marco de un convenio entre el Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Germán Garavano, y el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, uno de los socios relevantes del diario La Nación, integrado por abogados de grupos económicos y defensores de genocidas. Se trata del Colegio de Abogados que ha venido haciendo el trabajo sucio en el ámbito judicial presentando denuncias, demandas y amparos para despejar el camino al macrismo en su afán de tomar hilos trascendentales del sistema. Entre las cocardas de Moro se encuentra su designación como “personalidad del año 2014” otorgada por el grupo de multimedios O’Globo que -vaya casualidad- mantuvo estrechas relaciones con la dictadura militar desde sus comienzos y es acérrimo detractor de las políticas del PT.

Moro se considera un seguidor del proceso italiano conocido como Mani Pulite o Tangentopoli, producido en la década de los 90, que puso en cuestionamiento a los principales partidos políticos y derivó en la aparición en la política de multimillonarios como Silvio Berlusconi y de fuerzas xenófobas como la Liga del Norte. Como muchos jueces de la región, siguió los lineamientos fijados por expertos norteamericanos, sobre todo, en la tarea de obtener confesiones que permitan sumar acusados en supuestos entramados de corrupción. Sólo bastará elegir a qué gobierno investigar. Dicho de otro modo, la existencia de la operación dependerá de los límites que los gobiernos pretendan imponer a las grandes corporaciones. En ese contexto, el argumento que Moro inventó para llegar a la condena de Lula (el “acto de oficio indeterminado” como  sambenito utilizado ante la ausencia de pruebas) se emparenta bastante con el “derecho penal creativo” aludido por el juez argentino Claudio Bonadío para investigar a CFK. Lo que en realidad hacen, con la venia de parte de los sistemas judiciales y de la dirigencia empresaria -sobre todo, la mediática- es imponer una práctica judicial de excepción en la que quien tiene el poder digita los jueces y fija los lineamientos de sus decisiones.

Se instala la corrupción como la fuente de todos los males y el origen de la pobreza para generar empatía en quienes reciben las noticias y, a la vez, ocultar la injusta redistribución de la riqueza, la explotación de los trabajadores y las ganancias de los grandes grupos. Luego, distintos operadores (periodistas, abogados, psicólogos y hasta actores) elevan el producto obtenido a la categoría de imperativo moral. Y un gordito picarón se sentirá habilitado para arrasar con toda norma en aras de la moral instalada. La prueba no importa, como tampoco importa el derecho de defensa, la presunción de inocencia y la libertad de las personas. Pero, por sobre todas las cosas, lo que menos importa es la soberanía popular, porque mediante el lawfare el poder económico financiero incide directamente en la política y la institucionalidad de los países afectados, para mantener y acrecentar sus beneficios económicos y dirimir quiénes son los actores en cada área. Sólo necesitan un par de herramientas, sutiles pero efectivas, para generar una cascada de arrepentidos.

Lo que se desprende de las comunicaciones entre Moro y los fiscales ya era conocido. Un mes después de la visita de Moro a la Argentina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación sobre el riesgo que corren la democracia y los DDHH a partir del golpe en Honduras en 2009, la destitución del Presidente paraguayo Fernando Lugo en 2012 y de la Presidenta brasileña Dilma Rousseff en 2016; hechos que permitieron la instalación de mecanismos como la judicialización inadecuada de cuestiones políticas, la politización de los sistemas judiciales y la posible corrupción en los distintos poderes de los Estados.  (http://www.corteidh.or.cr/docs/solicitudoc/solicitud_13_10_17_esp.pdf).

Detrás de todo hay temas sin resolver, como el financiamiento de la política (el macrismo logró recientemente hacer legal lo que antes no lo era), pero también la efectividad de derechos esenciales (el macrismo les dio un fuerte mazazo con la ley del arrepentido de 2016 y su aplicación a través de jueces y fiscales arbitrarios). Las comunicaciones privadas sólo pueden interceptarse mediando orden fundada de un juez y su difusión involucra su propia responsabilidad. Ante la aparición de comunicaciones privadas entre Moro y los fiscales, no autorizadas por un juez, cabe preguntarse, entonces, por los intereses y derechos que se hallan en juego, hasta qué punto resulta válido utilizarlas violando el derecho a la intimidad de las personas. ¿Es válido hacerlo cuando favorece la situación de un/a dirigente político/a pero no cuando lo/a perjudica? (siendo Presidenta, a Dilma Rousseff le interceptaron ilegalmente sus teléfonos). Si desde hace años se conoce la utilización política de los sistemas judiciales y su vinculación impúdica con el grupo O`Globo ¿era necesario llegar a esto? Pareciera que la conciencia democrática y republicana en toda la región está tan deteriorada en todos los sectores y estamentos, que los medios utilizados sólo importan si llevan agua al propio molino. O que sólo importa lo que dicen los medios y esa es la única batalla que interesa.

*** Rodolfo Yanzón Abogado, DDHH

https://lateclaenerevista.com/el-lava-jato-como-guerra-juridica-regional/