La generación de deuda externa, en las condiciones que fueron pautadas durante la gestión de Mauricio Macri, constituyó un mecanismo de dominación a futuro, no una decisión equivocada de un gobierno, o la jugada artera de un grupo de dirigentes en control del aparato del Estado para hacer, solamente, negocios. En todo caso, esos elementos fueron importantes, para concretar el objetivo antedicho.

El Fondo Monetario Internacional jugó fuerte, violó su carta orgánica a sabiendas y no le importó condicionar a la Argentina a un acuerdo imposible de cumplir.  

La deuda se utilizó para la fuga de capitales. Está probado por propios y extraños, los números son datos duros y hasta los organismos financieros y consultoras internacionales lo reconocen. No es la justificación o el fundamento de un sector político para denostar a otro.

Perón no quiso al FMI, Néstor pagó una deuda de años para sacárselo de encima y Cristina continuó  en esa línea y en su disputa con los fondos buitre.

Hay un debate abierto, legítimo e imprescindible sobre qué hacer ante esta situación.
El establishment argentino, y su correlato en Juntos x el Cambio propone acordar y pagar. Es decir: van a las responsabilidades del Estado -que ellos precisamente menosprecian- para justificar lo que hicieron y lo que necesitan los sectores de poder; es decir que se arregle “de cualquier manera” para volver a tener dinero fresco y seguir haciendo sus negocios sin cuestiones imprevistas (de orden político) en el horizonte exorbitante y obsceno de sus ganancias.

Han aparecido distintos planteos sobre el camino a recorrer. Se manifestó la iniciativa de que el Gobierno lleve al FMI a la Corte Internacional de Justicia, surgió la consulta popular,  la exigencia de repatriación de los dólares fugados para pagar la deuda, hasta el no pago directamente. En cada tema hay matices, complementariedades entre unos y otros. Es importante que aquellos dirigentes u organizaciones que reivindican o respaldan algunas de estas posiciones, expliquen también, las consecuencias de cada una de ellas, tanto en lo institucional, lo económico, lo social y en la vida de la gente en particular para que lo propuesto, sea, no únicamente, una intencionalidad de deseos, sino un análisis pormenorizado de causas, hechos y efectos y que se comprenda la magnitud de las decisiones que se adopten en definitiva.

Sin embargo, como primera aproximación debemos reconocer que todo lo que ponga en el centro del escenario a los verdaderos responsables y las acciones que impliquen fomentar la participación, deben ser elementos a ponderar en los análisis.

Las tensiones al interior del frente nacional son evidentes y las diferencias también. Vale sin embargo formular algunas observaciones al respecto.

Es necesario visualizar que el ajuste en las cuentas y prioridades del Estado se viene realizando y que la no resolución de esta situación condiciona las características y alcances de un plan, no sólo económico, sino donde se definan, también, programas, intereses, y sectores a priorizar. La realidad de miseria y hambre de miles y miles de familias argentinas no puede soslayarse tampoco.

Por otro lado, es válido preguntarse qué es peor, si ir al default o pagar en las condiciones que históricamente impone el FMI sabiendo que, como se termina reconociendo por enésima vez, las exigencias que él mismo impone son inaceptables en los términos expuestos en la mesa de negociación, pues los costos para vastos sectores de la sociedad argentina serán de una enorme magnitud. Es posible que en la concreción de alternativas a esta dualidad descripta comiencen a desandarse tantos interrogantes y contradicciones explícitas e implícitas.

En este marco resaltamos la premura por replantear, también, los mecanismos legislativos que permitan enjuiciar – sin margen a dobles lecturas- a quienes fueron aquellos que implementaron estos endeudamientos o jugadas financieras con el alto costo que pagó por ello,  todo el pueblo. Los antecedentes de la estatización de la deuda privada en épocas de la Dictadura del 76, el Plan Brady, hasta el tema que hoy nos ocupa, son antecedentes demasiado graves como para no reformular las acciones a emprender en este aspecto.

Ahora bien, el primer elemento a tener presente es que una decisión soberana del Gobierno argentino proponiendo otras reglas de juego (más allá de estirar los plazos) no garantiza de por sí su viabilidad hacia la mayoría de la sociedad, sino va a acompañada por un conjunto de medidas para sostener el aparato productivo, el trabajo digno, la inversión social, agendas propias y derechos elementales del conjunto de argentinos y argentinas; sabiendo que esto no puede adoptarse de un día para otro, pero sí que exista una estrategia que garantice los mismos. Un hecho es cierto: cualquier medida que se tome en defensa de los intereses nacionales no puede ser aislada.

El aprendizaje histórico del pueblo es que sin organización, movilización y coordinación para garantizar conquistas, ningún triunfo ha logrado perdurar en el tiempo. Por lo tanto esto no es sólo un ejercicio de los sectores sociales, sindicales, políticos y productivos sino también, un cambio de actitud del Gobierno que no puede seguir manteniendo medidas, funcionarios y espacios que no representen a las grandes mayorías populares. Exigirá sin ningún lugar a dudas  redefinir algunos marcos de alianza y poner la centralidad en temas que hasta ahora fueron soslayados, abordados a medias o abandonados a mitad camino.

Esto debe ir amalgamado por una tarea de comunicación que, además de  enunciar “lo malo que es el Fondo”, persista en la meta de señalar responsables, hechos y sectores que fueron funcionales a las resoluciones en esta materia que se adoptaron en el macrismo; y que también explique, con mucha claridad, que se va a hacer, tiempos, costos y beneficios de las acciones que se emprendan. Es un desafío para el conjunto, la elaboración de contenidos que permitan una mayor y mejor comprensión de la gravedad del asunto a ámbitos más vastos de nuestra sociedad.

La actitud que se adopte finalmente frente al FMI, no es sólo un hecho de política interior, representa un posicionamiento a nivel internacional de Argentina, en un contexto donde la Patria Grande -en cada uno de sus países- disputa sus espacios de independencia y justicia social frentes a los planes de dominación de los sectores corporativos, del capital financiero y de los gobiernos que son funcionales a los mismos.

En este tiempo histórico, que es diferente a otros que nos ha tocado vivir, señalamos desde nuestra propia práctica en comunicación que hay que redoblar esfuerzos, imaginar soluciones y herramientas creativas y ser consecuentes con los intereses de los trabajadores y trabajadoras sin olvidar al enemigo que enfrentamos. Y esto no le cabe, sólo, a los periodistas, medios, organizaciones y comunicadores del campo nacional y popular.

Red de Comunicadores del MERCOSUR

Enero de 2022.-