Por Alfredo Zaiat   ***

La disputa no es política ni personal; es por el modelo económico.

Uno apuesta a un esquema desarrollista con redistribución de ingresos posterior al fomento de la inversión privada. El otro propone priorizar la distribución para que la demanda impulse la inversión privada y el desarrollo. El conflicto quedó condicionado por la falta de dólares. ¿Existen diferencias entre la política de Guzmán y la de Massa?


La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner junto al ministro de Economía, Sergio Massa.
. Imagen: Télam

Uno de los análisis que se ha instalado con relativa intensidad en estos meses refiere a que Sergio Massa despliega la misma política económica que la de Martín Guzmán. El paso siguiente en esta línea argumental es que el kirchnerismo, representado por Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner, no dejó hacer al exministro de Economía lo que hoy está haciendo el actual y que ahora avala.

No es tan así.
Massa no está haciendo lo mismo o lo que quería hacer Guzmán y no lo dejaron, sino que el contexto político es diferente para encarar los desafíos económicos inmediatos. Cada momento tiene sus urgencias y no es correcto realizar traslación mecánica de uno a otro como si nada hubiera pasado entretanto.

Afirmar que Guzmán quería aplicar las mismas medidas de Massa es la forma superficial de abordar el aspecto central del debate que cruza al oficialismo desde los días posteriores al triunfo de las PASO en 2019. Esto es: cuál es el sendero económico adecuado para impulsar el crecimiento con inclusión social y mejora de los ingresos de trabajadores y jubilados.

La controversia en forma esquemática se presenta de la siguiente manera: un esquema desarrollista apostando a una redistribución de ingresos posterior al fomento de la inversión privada, o uno distribucionista prioritariamente apuntando a que el consiguiente empujón de demanda impulsará la inversión privada y el crecimiento.

La cuestión nodal no se encuentra entonces en medidas puntuales, como la estrategia de reducción de subsidios a las tarifas de luz, gas y agua o el recorrido fiscal y monetario, sino la definición política de cómo desplegar el programa económico, en el cual existen coincidencias sobre los objetivos prioritarios pero no así en la forma de alcanzarlos. Y esta cuestión es política, no sólo instrumental de política económica.

La pelea en el oficialismo refiere a cuál es el sendero económico adecuado para impulsar el crecimiento con inclusión social y mejora de los ingresos de trabajadores y jubilados.
Imagen: Miguel Rep.

Sin dólares no hay paraíso

Este debate ha quedado bastante condicionado porque la restricción principal de la economía argentina es la escasez relativa de divisas, y en estos años ha sido motivo de fuertes discusiones en el oficialismo respecto a cómo han sido administradas las reservas del Banco Central.

El último informe de coyuntura de economistas bonaerenses del Frente de Todos, coordinados por Roberto Feletti, indica que en el bienio 2020/2021, el excedente de la balanza comercial y el aporte no condicionado de Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI no se reflejaron en aumento de reservas.

Precisa que el superávit de la balanza comercial de 2020/2021 fue de 27.300 millones de dólares más 4300 millones de DEG aportados sin condicionalidades por el FMI para afrontar la pandemia. Así el flujo positivo de divisas alcanzó los 31.600 millones en esos dos años.

Este año comenzó con una tendencia positiva en la balanza comercial pero se fue diluyendo hasta revertirse a mitad de año, sólo alterada durante septiembre por la excepcionalidad del beneficio cambiario denominado «dólar soja».

El informe apunta, sin embargo, que cuando se intenta ver el reflejo de esa oferta de divisas en las reservas internacionales brutas del Banco Central, se advierte que descendieron en este lapso desde 44.800 a 39.700 millones de dólares. La caída fue de 5100 millones. No se incrementaron en esos 31.600 millones de dólares, sino que bajaron en 5100 millones.

Sin dólares suficientes en las arcas del Banco Central, la disputa al interior de la coalición oficialista acerca del sendero de crecimiento, que es una propuesta contraria al neoliberal de la oposición, queda en segundo plano porque ni una ni otra opción son viables de expandir sin un stock holgado de dólares.

El flujo positivo de divisas excedentes alcanzó los 31.600 millones en el bienio 2020/2021 pero igual las reservas brutas del Banco Central descendieron en este período.
Imagen: Jorge Larrosa.

Apagar el incendio político

La disputa conceptual y práctica acerca del sendero económico tiene una base política que la sustenta. La convivencia del kirchnerismo y el antikirchnerismo en el propio gobierno (cristinismo y anticristinismo, dirían quienes se referencian en Néstor Kirchner) no ha podido lograr una síntesis política acerca de la gestión económica (tampoco lo logró en varias otras áreas de gobierno pero aquí sólo se evalúa la económica).

En términos políticos-electorales, el Frente de Todos ha quedado exclusivamente como una unión transitoria para desplazar de la Casa Rosada al neoliberalismo de la alianza macrista-radical, cuestión no menor que aún hoy, por ahora, la mantiene a flote para evitar su eventual regreso con las próximas elecciones.

El nombramiento de Massa al frente del Palacio de Hacienda tuvo poco y nada que ver con la tarea de diseñar y aplicar una política económica superadora de esa tensión interna. Fue elegido como bombero para aplacar el incendio político que amenazaba con arrasar al gobierno del Frente de Todos. La controversia de base permanece y él navega de una a otra orilla.

Otro aspecto relevante cuando se quiere analizar el período de Guzmán en relación al de Massa es que, además de la cuestión estructural mencionada, cualquier gestión económica debe tener mínimo consenso político y espacios de poder para poder llevarla a cabo.

Guzmán lo perdió primero con Massa en la negociación, aprobación y vetos posteriores en el Presupuesto 2020, y luego con Cristina Fernández de Kirchner al día siguiente de la firma del acuerdo con el FMI, a fines de enero de 2022.

La designación de Massa, en cambio, tuvo el acuerdo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y, además, el nuevo ministro concentró en sus manos un área económica ampliada de Hacienda, Industria y Agricultura con presencia operativa en el Banco Central.

Medidas de emergencia

Las medidas económicas aplicadas y las que vendrán tienen entonces que entenderse en clave política, no así exclusivamente con criterio economicista porque no ha habido espacio ni parece que haya intención de que lo haya para construir una integración de las dos visiones económicas que cruzan la coalición oficialista.

Las iniciativas económicas de emergencia tienen la siguiente lectura política: lograr que el gobierno del Frente de Todos termine el mandato en diciembre de 2023 –instancia salvada con el ordenamiento del área económica- y que mantenga competitividad electoral frente al bloque política neoliberal.

La estrategia de corto plazo para estabilizar el frente financiero tiene el objetivo de bajar la tasa de inflación, condición indispensable para jugar con alguna chance en las próximas elecciones. Las medidas fueron las siguientes:

  • El alza de la tasa de interés busca contener la tendencia dolarizadora, aunque incrementa el endeudamiento público en pesos del Tesoro y del Banco Central.
  • Las medidas puntuales de desdoblamiento cambiario parcial, temporal y sectorial pretende incrementar las reservas del Banco Central y eludir de este modo una fuerte devaluación.
  • La reducción del gasto público con una mayor quita de subsidios a las tarifas aspira a cumplir con las metas fiscales del acuerdo con el FMI, instrumento que el equipo económico considera el principal ancla antiinflacionaria.
  • El acuerdo de precios, fijos por cuatro meses en una canasta de 1500 productos básicos del presupuesto del hogar y con alzas del 4 por ciento mensual para el resto, apuesta a desacelerar la inercia inflacionaria.


Santiago Fraschina y Pablo Ferrari publicaron

Tres modelos económicos

Santiago Fraschina y Pablo Ferrari publicaron Frente al colonialismo neoliberal, el modelo económico justicialista donde describen tres modelos económicos en disputa en la realidad argentina. Es un análisis sintético que colabora en la comprensión de la interna en el oficialismo, dejando a un costado las diferencias personales –que existen- entre las principales figuras de la coalición para concentrarse en cuestiones estructurales que la explican.

Estos dos economistas plantean que desde mediados del siglo XX hasta la actualidad se ha dado una pugna constante en torno a qué modelo económico aplicar en el país. Indican que el modelo económico justicialista (kirchnerista) alternó con otros dos: uno diametralmente opuesto, el neoliberal-financiero, y otro denominado desarrollista.

Proponen que entender las diferencias entre los tres modelos es fundamental para abordar el actual debate político. Aclaran que estas categorizaciones en la práctica tienen sus matices y no siempre están definidas de forma tan clara.

El entonces ministro de Economía Martín Guzmán con el presidente Alberto Fernández.
Imagen: Telam.

El modelo desarrollista

Fraschina y Ferrari explican que este modelo busca fomentar las exportaciones y las inversiones, manteniendo un nivel alto de empleo, pero con salarios bajos y concentración de riquezas en el sector empresario productivo. Se caracteriza por buscar el crecimiento de la economía, la industria y la producción nacional, pero sin observar la distribución interna del excedente económico con la que se realiza ese crecimiento.

Los motores del crecimiento son las exportaciones y la inversión, y no pretende aumentar de forma directa el consumo. Considera que el consumo es una variable endógena de la economía que aumenta a medida que incrementa la producción y crece la economía.

Supone además que los sectores concentrados son los que pueden dinamizar las inversiones y ampliar la frontera de bienes exportables, razón por la cual resulta preeminente cuidarlos y considerarlos aliados primarios. Esta alianza suele generar algunas exigencias como la austeridad fiscal y la prioridad en el pago de la deuda externa.

Es un modelo que reconoce varios aportes de la heterodoxia económica, al igual que el justicialista-kirchnerista. Los defensores de este modelo enfatizan en los desequilibrios macroeconómicos que generan las mejoras de ingresos de los trabajadores. Entienden que, de no producirse una redistribución progresiva del ingreso ni subas importantes de los salarios reales, se pueden lograr varios objetivos:

  • Liberar saldos exportables porque ante el menor consumo interno habrá más bienes exportables.
  • Reducir las presiones inflacionarias vía debilitamiento de los trabajadores en el marco de la puja distributiva.
  • Evitar el aumento de importaciones ligadas a bienes-salario.
  • Aumentar el excedente apropiado por el capital, suponiendo que el mismo derivará en reinversión productiva.
  • Disciplinar las expectativas. Para ello, evalúan que sin redistribución de excedentes en favor de las y los trabajadores se hace más fácil luchar contra la restricción externa (insuficiencia de divisas) y la inflación.

En definitiva, “es un modelo alejado del neoliberal-financiero, ya que pone el énfasis en la economía real, pero no plantea la necesidad de que el fruto de ese crecimiento sea distribuido en el conjunto de la sociedad”, sentencian Fraschina y Ferrari.

El modelo kirchnerista (justicialista)

Estos dos economistas señalan que este modelo propone mejorar el ingreso de los sectores más postergados, y esto lo logra impulsando una redistribución progresiva del ingreso. En ese proceso es fundamental la distribución por parte del Estado de las rentas extraordinarias, que pueden ser financieras, inmobiliarias, agropecuarias o de otros orígenes.

Advierten de esta forma que se pone en discusión si la industrialización se logra a través del esfuerzo de la clase obrera y la promoción de privilegios de minorías, o con un proceso distributivo y el apoyo del Estado.

Otro mecanismo para la mejora de ingresos es el aumento de los salarios reales de los trabajadores a través de la participación activa del Estado. Para que los sindicatos puedan fortalecerse, debe reducirse al mínimo la “amenaza” del desempleo. Por eso, la generación de puestos de trabajo es prioridad para la política económica.

La pelea interna acerca de disponer un bono o una suma fija para los trabajadores privados y públicos exhibe con claridad la diferencia entre ambos programas económicos.

En el plano macroeconómico, entiende la necesidad de desarrollar el capitalismo nacional, aumentando la producción de bienes y servicios de manera que abastezcan las necesidades de la población. Este camino al desarrollo tiene sus obstáculos, que se expresan en la falta de divisas. Por eso considera vitales la planificación económica y la intervención estatal para conducir el excedente hacia los sectores prioritarios y así evitar cuellos de botella que afecten el crecimiento.

Para concluir que los objetivos que persigue son “un crecimiento acelerado de la economía, con un fuerte impulso al consumo, políticas redistributivas, programas de inversión pública, creación de puestos de trabajo, fomento de la industrialización y crecimiento de los ingresos reales de la población”.

Los programas económicos desarrollista como kirchnerista  se enfrentan al cuello de botella de los dólares disponibles para sostener el crecimiento.
Imagen: Lucía Grossman.

El límite para uno y otro modelo heterodoxo

Otro aspecto relevante es saber que uno y otro programa implican alianzas sociales y económicas diferentes en cuanto a la relación con fracciones del poder económico y organizaciones sociales y de trabajadores.

Los programas económicos desarrollista como kirchnerista se enfrentan al cuello de botella de los dólares disponibles para sostener el crecimiento, debido a “la fuerte concentración del capital y la presión en el mercado de cambios que tiene la fuga de capitales”, indican Fraschina y Ferrari.

En cambio, el cuello de botella de los procesos neoliberales suele ser el sobreendeudamiento, que genera un aumento de las obligaciones en divisas para saldar esos compromisos hasta alcanzar la insolvencia.

Esto significa que la restricción externa es un problema estructural del país y lo que difiere en los distintos modelos es la forma en la cual se lo enfrenta.

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