Por Fabiana Frayssinet    ***

Este artículo es parte de la cobertura de IPS durante los 16 Días de activismo contra la violencia de género, que comenzaron el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Susana Gómez, a quien una golpiza de su entonces marido dejó invidente, en una plaza de la ciudad de ciudad argentina de La Plata. Ella no encontró apoyo del Estado para liberarse de la violencia machista, pero una organización social la salvó de integrar la estadística de feminicidios en América Latina, los asesinatos de mujeres por razones de género de los que se registraron 2.795 casos en 2017 en la región. Crédito: Fabiana Frayssinet/IPS

Ciega tras una golpiza de su exmarido, Susana Gómez se libró de sumarse a la lista de los cerca de 2.800 feminicidios cometidos anualmente en América Latina, pero  su caso evidencia porqué las políticas públicas y leyes están lejos de alivianar  la violencia de género en la región.

“Hice muchas denuncias
(13 penales y cinco civiles) y la justicia jamás me dio bolilla (me hizo caso)”, resumió Gómez a IPS en un diálogo en una plaza de su barrio en Lisandro Olmos, un suburbio de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.

Pese a que en Argentina ya existían en 2011, cuando se produjo el brutal ataque contra ella, comisarías de la mujer, no fue suficiente para protegerla de su agresor.

Lo que la salvó de la muerte fue La Casa María Pueblo, una organización no gubernamental (ONG) que como otras  en América Latina tratan, con recursos  propios, suplir las deficiencias del Estado para proteger y asesorar jurídicamente a las víctimas de la violencia machista.

Gómez, sus cuatro hijos y su madre, también amenazados por su expareja, fueron rescatados y cobijados en esa institución.

“No teníamos nada. Entramos con lo que teníamos puesto, con el documento y nada más porque estábamos de aquí para allá. Todos nos cerraban las puertas, la justicia, la policía no hacían nada, la fiscalía tampoco”,
recordó Gómez, quien ahora tiene 34 años.

“Si no hay organizaciones como esta yo no estaría aquí para contarlo, no hubiese llegado a juicio. Si no tienes un acompañamiento jurídico, un refugio con identidad reservada, tratamiento psicológico, yo no podría haber enfrentado esto que no es fácil”,
destacó.

En abril del 2014, un tribunal de La Plata condenó a ocho años de prisión a su exmarido, Carlos Goncharuk. Ahora Gómez reclama judicialmente al gobierno de la provincia de Buenos Aires una reparación económica.

“La vista no me la va a devolver nadie, pero es para que la justicia, el Estado tengan más conciencia para prevenir un antes y un después”,
subrayó Gómez que se siente nuevamente amenazada porque el victimario será liberado el año próximo.

Según el abogado y fundador de la ONG, Darío Witt, Gómez no quedó ciega por accidente o enfermedad sino por las repetidas palizas del entonces su marido. La última vez le golpeó la cabeza contra una pared de la cocina.

“Este resarcimiento no contiene un objetivo económico de por sí. Lo que queremos intentar demostrar para Susana y todas las otras víctimas como ella es que el Estado, que los Estados en general sean nacionales provinciales o municipales y de distintos países, tienen una altísima responsabilidad para que esto ocurra. El Estado no es inocente en estas cuestiones, argumentó Witt a IPS.

“Cuando quedé ciega y vi que no vería más a mis hijos dije basta”, r
ecordó.

Cifras que horrorizan

Según el Observatorio de Igualdad de Género (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), al menos 2.795 mujeres fueron asesinadas en 2017 por razones de género en 23 países de esta región, en lo que varias legislaciones nacionales de la región tipifican ya como feminicidio o femicido.

La lista de feminicidios difundida este mes por OIG la lidera Brasil (1.133 víctimas registradas en 2017), en cifras absolutas, pero en términos relativos, de la tasa de crímenes de género por cada 100.000 mujeres, es El Salvador el que alcanza una cota sin parangón en la región, con 10,2 feminicidios por cada 100.000 mujeres.

Tabla de número en términos absolutos de feminicidios por país en América Latina y el Caribe, así como la tasa de asesinatos por razones de género por cada 100.000 mujeres. Crédito: Observatorio de Igualdad de Género de la Cepal

Honduras (en 2016) registró 5,8 feminicidios por cada 100.000 mujeres y en Guatemala, República Dominicana y Bolivia también se observaron altas tasas en 2017, iguales o superiores a dos casos por cada 100.000 mujeres.

OIG detalla que los asesinatos de mujeres por razón de género son parte muy mayoritaria de los homicidios intencionales de mujeres en la región, donde los feminicidios son cometidos por parejas o exparejas de la víctima, con excepción El Salvador y Honduras.

“El feminicidio es la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres. Ni la tipificación del delito ni su visibilización estadística han sido suficientes para erradicar este flagelo que nos alarma y horroriza cada día”, dijo Alicia Bárcena, secretaría ejecutiva de la Cepal al dar a conocer las nuevas cifras de OIG.

La guatemalteca Ana Silvia Monzón, socióloga y comunicadora del Programa de Estudios de Género y Feminismos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), recordó que su país cuenta desde 2008 con una Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y desde un año después con una Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.

“Ambas constituyen instrumentos importantes porque contribuyen a visibilizar una problemática que es grave en Guatemala, y son una herramienta para que las víctimas puedan iniciar el camino a la justicia”
, señaló a IPS desde Ciudad de Guatemala.

Sin embargo pese a esas leyes que contemplaron la creación de un modelo de atención integral a las víctimas y de tribunales especializados, “no se asignan los recursos necesarios a las entidades y programas que deben promover esa prevención, menos aún la atención especializada a las víctimas que denuncian esa violencia”, sostuvo.

Además “persisten prejuicios y prácticas sesgadas de género entre quienes aplican la ley” y “poco se ha hecho para introducir contenidos educativos o programas que contribuyan a cambiar el imaginario social que asume como normal la violencia contra las mujeres”, en especial a las indígenas, acotó.

#NiUnaMenos, #NiUnaMás

En la región “los avances son importantes, expresión de un movimiento de mujeres que ha logrado posicionar la violencia de género como un problema social, pero son insuficientes”, reflexionó Monzón.

Olivia, una niña de cinco años, sostiene con determinación un cartel con el lema contra los feminicidios, #NiUnaMenos, que se ha extendido por América Latina, en movilizaciones multitudinarias contra la violencia de género. Olivia participó en una actividad barrial en la ciudad argentina de La Plata el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre. Crédito: Fabiana Frayssinet/IPS

Según ONU Mujeres, en total 18 países latinoamericanos y caribeños han modificado sus leyes para sancionar los crímenes machistas contra las mujeres como feminicidio, femicidio u homicidio agravado por razones de género.

Pero como concluye Gómez y otros activistas sociales de su barrio, hace falta más.

El encuentro con esta víctima se produjo el domingo 25, durante una “mateada”  (ronda con hierba mate) en la plaza Juan Manuel de Rosas, convocada por la agrupación  Nuevo Encuentro.

La actividad se convocó por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que abrió los 16 Días de Activismo contra la violencia de género, y que este año tiene como lema #EscúchameTambién, que llama a que las víctimas sean oídas como parte de la solución de lo que expertas califican como un “genocidio silencioso”.

María Eugenia Cruz, referente barrial de Nuevo Encuentro, consideró que pese a los nuevos marcos legales y multitudinarias movilizaciones como la del #NiUnaMenos contra la violencia machista y los feminicidios, que se han extendido por Argentina y otros países de la región,  “todavía hace falta charlar de lo que nos pasa a las mujeres”.

“En lugares más cerrados de barrios como este pareciera que la violencia de género fuera un tema que da vergüenza contar, se sienten culpables. Visibilizar esto es parte de pensar que herramientas puede brindar el Estado”, analizó IPS.

“O sino ver cuáles son esas herramientas”,
aportó interrumpiendo el juego Olivia, su hija de cinco años, quien durante la actividad en la plaza sostuvo orgullosamente un cartel que rezaba: “Ni Una Menos”, el lema que ha congregado a las mujeres latinoamericanas junto con el de #NiUnaMás.

Ella ejemplifica una nueva generación femenina latinoamericana que gracias a las masivas movilizaciones  y a la creciente toma de conciencia social, ya comienza desde temprano a tomar la palabra y a promover cambios culturales.

“Hoy las mujeres se van dando cuenta desde el noviazgo de las señales de un hombre violento. Que no le gustan tus amistades, que no le gusta cómo te vestís. Ahora hay más información y eso es importante”,
reconoció Gómez que actualmente atiende como voluntaria llamadas de otras víctimas de la violencia.

“Ahora te llaman, te consultan y eso está bueno. Antes, ¿a dónde llamabas? Más allá del miedo, si te dan identidad reservada eso te incita a decir: voy a hacer la denuncia y tengo un grupo de gente que me va a ayudar”
, concluyó esta sobreviviente de la violencia machista.

Edición: Estrella Gutiérrez

http://www.ipsnoticias.net/2018/11/armas-legales-no-frenan-todavia-feminicidios-america-latina/