Por Luis Fazio   ****

Desde que el conservador Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada, hace poco menos de tres años, cambiaron las condiciones para ejercer un periodismo independiente.

(Imagen de Agencia Paco Urondo)

La totalidad de las grandes empresas de comunicación, es decir, los capitales concentrados, ejercieron desde el minuto uno un blindaje monolítico alrededor del presidente, sus políticas y funcionarios.

Lejos del relato que pretende instaurar el actual oficialismo, nunca en Argentina se vivió en un ambiente de plena libertad como ocurrió en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, esta última derogó la posibilidad que los periodistas pudieran ser detenidos por calumnias e injurias contra funcionarios, pese al festival de insultos contra los miembros de su gobierno que día a día proferían los principales comunicadores de la prensa privada, sin que ninguno de ellos padeciera de alguna consecuencia.

Otros tantos hicieron carrera y vieron ampliadas sus posibilidades de trabajo en los medios oligopólicos emprendiendo auténticas campañas de difamación.

Además las manifestaciones en los lugares públicos se sucedían cotidianamente sin que las fuerzas de seguridad intervinieran a pesar de los reclamos de los sectores de derecha que clamaban incesantemente por la represión, Néstor Kirchner fue muy claro desde un principio, el pueblo argentino tenía plena libertad para expresarse sin temer ningún tipo de represalias.

Tampoco existió inteligencia interna sobre la población, al Estado no le interesaba en lo más mínimo lo que pensaban los ciudadanos o conocer sus costumbres, las redes sociales sirvieron tanto para los militantes del kirchnerismo como para que se expresen sin límites sus más acalorados detractores, otra libertad cotidiana de la cual gozábamos todos los argentinos sin importar la orilla de la grieta que cada uno habitaba.

El macrismo, sin embargo, enterró la libertad de expresión.

Su llegada al poder trajo consigo un cambio radical en esta materia, valiéndose de la colaboración incondicional de sus principales socios en Cambiemos, la UCR, , hasta el punto que podemos afirmar, sin temor a la exageración, que en la Argentina ya no existe libertad de expresión. Fue liquidada.

Cientos de periodistas fuimos expulsados de los medios del Estado por nuestras ideologías, una manifiesta persecución política.

Con la derecha en el gobierno los nostálgicos de los uniformes salieron del placard y se manifiestan sin ningún tipo de pudor, sin ir más lejos en Radio Nacional de Córdoba el director censuró y amenazó al aire a una periodista de la emisora por haber entrevistado a la madre del representante mapuche Facundo Jones Huala, con el argumento que si la Ministra Bullrich no salía al aire no era posible entrevistar a nadie que pensara de manera diferente al gobierno.

Las principales voces opositoras al macrismo han padecido despidos como ocurrió con Víctor Hugo Morales en Radio Continental y Roberto Navarro de C5N y Radio 10, en ambos casos existieron presiones del gobierno para que las empresas adoptaran esa decisión, utilizando la pauta oficial como mecanismo de presión e intimidación.

En el caso de Roberto Navarro la intervención del gobierno se hizo patente cuando uno de los directivos del medio le señaló su temor de ir a prisión por las presiones que ese medio estaba sufriendo.

Pocas semanas después el grupo Indalo fue vendido a un ex compañero de colegio del presidente, y unos meses más tarde se decretó la prisión preventiva de sus anteriores dueños.

El grupo Octubre del que forman parte el insigne matutino Página 12 y la Radio AM750 también es blanco de ataques por parte de la prensa oligopólica, un Poder Judicial indisimuladamente afín al Ejecutivo y los funcionarios del gobierno, que no tienen reparo en litigar con tal de silenciar las denuncias sobre sus múltiples actos de corrupción.

Además de los ataques, el grupo Octubre es discriminado con la pauta oficial que beneficia de manera escandalosa al multimedios Clarín que recibe unas cifras descomunales mientras el gobierno se apresta a disminuir las jubilaciones, digamos también que el macrismo ha incrementado de manera exorbitante los gastos en propaganda como forma de sobornar a la élite periodística.

En los primeros seis meses del año 2018 el grupo Clarín recibió por pauta oficial 457 millones de pesos, mientras que Página 12 apenas cuatro millones.

El diario La Prensa que también pertenece al grupo Clarín y prácticamente carece de ventas recibió el triple que Página 12.

Mientras que Radio Mitre, también de Clarín, fue beneficiada con casi 60 millones, mientras la radio AM750, la de mayor crecimiento en este trienio y ocupante del cuarto puesto en audiencia no recibió nada por ese concepto.

Otro caso de censura contante y sonante fue el que sufrió Santiago Cúneo, quién ocupara luego de la marginación de Navarro el liderazgo de audiencia en la pantalla política nacional.

Cúneo recibió todo tipo de presiones a consecuencia de sus numerosas denuncias contra el entramado de corrupción que maneja la energía del país, nítidos ganadores de las políticas de un gobierno que aumentó 3.000% el costo de la energía para el hogar promedio.

Finalmente, para finales de Mayo de este año la DAIA, lobby de la derecha judía argentina que se arroga de manera inexacta y maniquea  la representación de toda la comunidad le hizo un guiño al gobierno al impulsar la salida del periodista de Crónica TV.

Capítulo aparte merecen los presos políticos de este régimen autoritario, una democracia de baja intensidad. Cada vez más baja.

En la Argentina de Macri un joven fue detenido por publicar un Tuit en contra del gobierno.

En la Argentina de Macri se manipuló de manera perversa la muerte de Santiago Maldonado en el marco de una feroz represión por parte de las Fuerzas de Seguridad.

En la Argentina de Macri se acallaron sistemáticamente a las voces críticas, condenadas a subsistir por fuera de la Televisión abierta, las principales cadenas de radio y tv.

En la Argentina de Macri la única manera de defender una política de exclusión activa, cuyo propósito final parece ser arrasar con la estructura productiva del país, es devaluando, tanto o más que la moneda o la soberanía nacional, el máximo recurso que tenemos los ciudadanos ante los atropellos del poder: La libertad de decir “¡Basta!”.

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