Por José Manuel Morán Faúndes   ***

En Argentina, nuevamente estamos viendo en escena pública a una militancia organizada en contra de los derechos sexuales y reproductivos. La jerarquía católica, algunas iglesias evangélicas y una militancia civil que se identifica bajo la etiqueta pro-vida conforman un activismo conservador religioso. Pero la avanzada de estos sectores no es sólo un fenómeno local. Su presencia se está observando en toda América Latina.

Imagen: Joaquín Salguero

En Chile, se están movilizado para obturar la realización de abortos permitidos bajo la flamante ley de tres causales, mediante el uso de la objeción de consciencia.

Y en Paraguay lograron prohibir la educación sexual en las escuelas.

Esta presencia regional no debe extrañar.

La Iglesia Católica siempre ha sido un actor clave en la política latinoamericana. Pero además, a partir de finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, en casi toda América Latina, comenzó a articularse paralelamente un conservadurismo organizado desde la sociedad civil, mediante la creación de una serie de ONG que complementaron el accionar de las cúpulas eclesiales. Mucho tuvo que ver en esto el llamado que hizo el papa Juan Pablo II a que la feligresía se involucrase en la lucha contra las demandas feministas y LGBTI. Pero también incidió la fuerte intervención que organizaciones cristianas de Estados Unidos empezaron a ejercer en la América Latina, como la ONG católica Human Life International que comenzó a apoyar la creación de una serie de ONG pro-vida en toda la región: Ceprofarena en Perú (1981), Profamilia en Argentina (1983), el Movimiento Anónimo por la Vida en Chile (1985), etc. Así, el activismo religioso conservador logró conformar desde sus orígenes una doble estructura civil-eclesial a nivel regional. Su carácter transnacional, por lo tanto, no es novedoso, y hoy lo vemos en todo su esplendor.

Lo que quizás sí es nuevo es la intensificación de los discursos de odio que estamos observando. Aunque el conservadurismo religioso siempre ha estado en la vereda de enfrente de los feminismos y movimientos LGBTI, desde hace algunos años, sus discursos han intensificado su ataque hacia estos movimientos. Hoy vemos cómo en casi toda la región el concepto de “ideología de género” está siendo movilizado como un slogan que busca desacreditar a defensoras y defensores de derechos humanos. Este concepto refiere a la idea de que el enfoque de género promovido por los movimientos feministas y LGBTI se basaría en disposiciones ideológicas que buscan destruir a las familias y ser impuestas a la sociedad. “Ideología” acá se utiliza como sinónimo de “falsas ideas” contrastándolo con las “verdaderas ideas” que serían, en este discurso, aquellas que promueve el conservadurismo religioso. Así, sin mayores fundamentos, instituyen una barrera imaginaria que establece un “nosotros” desideologizado, versus un “otros” con fines ideológicos que debe ser perseguido a toda costa.

En Argentina aún no hemos visto el embate de este discurso de manera tan fuerte como en el resto de la región. Sin embargo, uno de sus principales promotores es el abogado Jorge Scala, uno de los fundadores de la ONG cordobesa Portal de Belén, la misma que ha litigado contra prácticamente todo intento de política de salud sexual y reproductiva. En 2010, Scala publicó el libro La ideología de género o el género como herramienta de poder y la apuesta fue redoblada en 2016 cuando los conservadores argentinos Agustín Laje y Nicolás Márquez publicaron El libro negro de la Nueva Izquierda. Ideología de género o subversión cultural, presentando sus ideas antifeministas y anti LGBTI por toda la región. Como decía, el conservadurismo religioso siempre ha estado articulado regionalmente. Pero hoy, desde Argentina, se le está dando impulso a una nueva oleada conservadora, esta vez más virulenta, que puede poner en peligro no solo los derechos sexuales y reproductivos, sino a sus defensoras y defensores. Más vale estar atentos/as.

José Manuel Morán Faúndes: Investigador del Conicet; miembro del Programa de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Universidad Nacional de Córdoba y colaborador de Católicas por el Derecho a Decidir.